Reflexiones sobre los títulos nobiliarios

Recientemente se ha reabierto el debate alrededor del actual sistema por el que se otorgan los títulos nobiliarios en España, después de que fueran publicados ciertos nombramientos cuya idoneidad ha sido ampliamente discutida por una parte de la opinión pública, entre la cual nos encontramos. Como en muchos aspectos de la vida pública española, el furibundismo no ha tardado en desatarse en opiniones tanto a favor como en contra de los nombramientos. Ante todo esto, lo mejor es siempre abogar por el análisis razonado de la cuestión que nos ocupa.

¿Tienen sentido los títulos nobiliarios en la sociedad española actual?

Habría que hacer una digresión sobre esta pregunta: por un lado, preguntarse si los títulos deben ser “condenados” per se y, por otro lado, si debe ser “condenada” la forma con la que son atribuidos actualmente.

Los títulos nobiliarios aparecieron en la Alta Edad Media, como evolución de cargos militares y administrativos. Así, por ejemplo, los duques surgieron durante el reino visigodo como cargo de gobierno de una provincia; los condes y, anteriormente, los magnates eran compañeros de armas de los reyes, ejerciendo oficios de mando en los ejércitos; los marqueses eran originalmente los encargados del gobierno de una marca, una región fronteriza expuesta regularmente a los ataques de los vecinos; es decir, estos cargos tenían su utilidad, siendo atribuidos en mayor o menor medida, según el gobernante fuera más o menos justo, por méritos de guerra y/o administrativos, o bien por parentesco. A estos cargos, sucesivamente, se les fueron incorporando privilegios durante el proceso de feudalización de las monarquías medievales, como forma de mantener su fidelidad ante la fragmentación del poder central de la monarquía, proceso que a lo largo de los siglos causó progresivamente la degeneración de todo el sistema monárquico debido al defecto de personificar el Estado en el rey, lo que hacía que la unidad del mismo se sustentara en relaciones de lealtad fácilmente mutables, en vez de mantener el concepto de culto al Estado que le había permitido a Roma construir su imperio en los tiempos de la República; en cualquier caso, hay que notar que el sistema monárquico de transmisión hereditaria fue el más útil en la Alta Edad Media al eliminar en gran parte el riesgo de guerras civiles sucesorias en los tiempos de continua violencia que siguieron a la desintegración del Imperio Romano de Occidente. Por tanto, ni los títulos nobiliarios, y ni siquiera la monarquía, pueden ser condenados per se, puesto que tuvieron cierta utilidad. Creemos que la monarquía como forma de Estado se hace inútil en cuanto el pueblo logra constituir los mecanismos necesarios para autogobernarse mediante democracia, pues el fin de todo pueblo ha de ser gobernarse a sí mismo, y por ello considero de justicia la constitución de una República Española ante una monarquía que hoy se prolonga sin justificación sine die.

Sin embargo, los títulos nobiliarios, en cuanto sirvan para recordar cargos pasados, cuenten con tradición histórica legítima, y no conlleven privilegios más allá de ser una distinción honorífica, no nos parecen rechazables.

Las atribuciones reales en la monarquía española fueron dadas por el pueblo, pues en origen esta fue instituida por el pueblo, y, por tanto, dichas atribuciones deben ser recuperadas por la República para el pueblo, más que erradicadas como idea feliz, propuesta emanada de grupos como los nacionalistas catalanes de ERC.

En cuanto a la entrega de títulos a discreción que realiza la monarquía en las últimas décadas, evidentemente esta forma de atribución nobiliaria es tan anacrónica como la actual monarquía, estando al albur de amiguismos y simpatías.

La II República trató de cortar de raíz con el pasado, eliminando entonces los títulos nobiliarios y sus privilegios, pero, dado que se trata de una tradición con trece siglos de antigüedad, y puesto que están directamente imbricados en nuestra secular Historia, nos parece hoy que su eliminación constituiría una brusca ruptura con la misma. Otra cuestión sería la moralidad de las riquezas amasadas por la nobleza en los tiempos pasados (y presentes aún en algunos casos) en base a sus privilegios, lo que ya cae dentro de otras discusiones, y que la Reforma Agraria de la II República ya destapó como fuente de graves problemas y desigualdades.

En resumen, consideramos que es mejor y más enriquecedor culturalmente conservar la tradición histórica de España, encajándola con las demandas de la sociedad actual, siendo creativos, evolucionando sobre ella, que borrar partes de la misma unilateralmente por simplicidad.